Estas directrices han tomado aquellas que han sido impulsadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y se centran en el acceso a servicios online de menores cuando los contenidos, productos o servicios, están reservados para adultos.  Se han recogido por tanto, diez principios que establecen que las herramientas de determinación de la edad no se pueden entender de forma aislada, sino en el marco de la protección de los derechos y libertades de las personas.