A pesar de que la Ley General de Telecomunicaciones prohibe este tipo de llamadas, al haber quedado un mínimo resquicio legal, se han disparado, especialmente por incumplimientos de ciertos tipos de empresas o ubicando «call centers» en el extranjero, de modo que tras la difusión de la información acerca de que la normativa las prohibe, las personas sintiéndose muy avasalladas por esta fiera comercialización, especialmente de compañías de telefonía, gas, electricidad, etc., la conllevado una notable mejora de sensibilización, lo que a su vez ha desembocado en una gran cantidad de denuncias.